Como ex-militantes del PCE (m-l) y del FRAP, ante la decisión de la Comisión de Valoración de la llamada Ley de la Memoria Histórica, que rechaza la condición del víctima de José Luís Sánchez Bravo (fusilado el 27/09/1975), al interpretar dicha comisión y los informes policiales requeridos, que el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) fue una organización terrorista negándole su carácter político y antifascista, exponemos:

1. El 27 de septiembre de 1975 cinco antifascistas eran fusilados en distintos lugares del estado. En Hoyo de Manzanares (Madrid), los militantes del PCE (m-l) y del FRAP: Xosé Humberto Baena, José Luís Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz. En Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el militante de ETA: Juan Paredes “Txiki”. Y en el Penal de Villalón (Burgos), el también militante de ETA: Ángel Otaegui.
2. Las sentencias se dictaron en consejos de guerra sumarísimos, sin pruebas, sin garantías judiciales, con expulsión de abogados, sin tener en cuenta las torturas a que fueron sometidos los detenidos. La violencia fascista de la dictadura mostró, una vez más, su rostro más feroz.
3. El Consejo de Ministros del día 26 de septiembre de 1975, por unanimidad y pronunciamiento personal, ratificó las cinco sentencias de muerte y se conmutaron las de los militantes del PCE (m-l) y el FRAP: Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández, Concepción Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras.
4. Ante la ola de manifestaciones y protestas estatales e internacionales, de repulsa de estos crímenes, el 1 de Octubre 1975 un Franco balbuceante junto a Juan Carlos de Borbón salían al balcón del Palacio de Oriente a recibir los aplausos de los fascistas allí congregados. El dictador moría cuarenta días después y Juan Carlos era proclamado rey de la monarquía instaurada por Franco.
5. El Comité pro-Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y posteriormente el FRAP, presidido por Julio Álvarez del Vayo, era, ante todo, un marco político de carácter frentista, antifascista y republicano, que adecuó sus formas de lucha y autodefensa popular a las ofensivas represivas de la dictadura.
6. La llamada Ley de Amnistía de 1977, es la base sobre la que construyó el modelo de impunidad español de los crímenes de lesa humanidad y la vulneración permanente de los derechos humanos del nacional-catolicismo fascista español, y que pone en el mismo plano de igualdad a víctimas y verdugos.
7. El fascismo español ha sido denunciado en los procesos de Núremberg, en Naciones Unidas y por toda la legislación internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ratificado todo ello recientemente, por primera vez en sede judicial, por el juez Garzón.
8. La llamada Ley de la Memoria Histórica, la 52/07, es un simple maquillaje del modelo de impunidad construido en 1977. Una ley que deja fuera de la “memoria oficial” a los guerrilleros, luchadores por la Libertad y la República, a los niños secuestrados, robados a sus madres en las cárceles fascistas y entregadas a familias del régimen, a los que resistieron legítimamente al fascismo por todos los medios, que no anula las farsas de juicios de los tribunales ilegales del franquismo y otros aspectos no menos importantes de 40 años de violencia fascista.
9. Que es inadmisible que en 2009, todavía, la policía del estado español siga ratificándose en el carácter terrorista del FRAP basándose en una sentencia franquista y por tanto concediendo toda legalidad al sistema judicial de la dictadura.
Más allá de nuestros aciertos y errores, no renunciamos a nuestro pasado y presente antifascista y republicano. Ni aceptamos, ni nos resignamos a ser tratados de “terroristas”. Seguiremos, en el marco de esta democracia de baja intensidad y/o a nivel internacional, luchando por los principios democráticos de Verdad, Justicia y Reparación, contra la vulneración de los derechos humanos, contra las injustas sentencias de los tribunales militares y civiles, los crímenes de estado, las limitaciones de los derechos civiles, contra la tortura… aquí y en cualquier parte del mundo.

Estado español, junio de 2009

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